Propone Diputada María Luisa Ojeda que delitos sexuales contra menores no prescriban

*BCS se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en personas afectadas por esta problemática, así como el tercer lugar a nivel nacional como la entidad de mayor incidencia delictiva en la categoría de delitos sexuales

La paz B.C.S. La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, María Luis Ojeda González,  propuso que en Baja California Sur, los delitos sexuales, contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, cometidos en contra de menores de edad y personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, no prescriban.

En tribuna la legisladora hizo referencia a los elevados índices que ubican a Baja California Sur en el segundo lugar a nivel nacional en número de personas afectadas por esta problemática, (12 víctimas por cada 100 mil habitantes), así como que se ubica en el tercer lugar a nivel nacional como la entidad de mayor incidencia delictiva en la categoría de delitos sexuales, tales como acoso sexual, corrupción de menores, hostigamiento sexual, incesto, y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual: rapto, violación equiparada y violación simple.

En razón de ello, afirmó que la legislación penal de Baja California Sur debe de adecuarse conforme a las necesidades y al entorno actual.

De ahí que propuso reformar el Código Penal para el Estado en su artículo 112, con el objetivo de que los delitos del orden sexual cometidos en contra de menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o no tengan capacidad para resistirlo, no tengan prescriptibilidad, y puedan ser castigados en cualquier momento.

Ojeda González añadió que sólo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan, así como que a nivel local, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que en las llamadas al 911, por cada 100 mil habitantes, se recibe un reporte de violación en el Estado, pero dichos casos no son denunciadas ante una autoridad.

Fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.