Exhortan a la Secretaría de Economía a expedir una NOM para el tratamiento y uso doméstico de aguas residuales

*El punto de acuerdo busca la modernización de la NOM-003-ECOL-1997, o en su caso, expedir una Norma Oficial Mexicana para que las aguas residuales tratadas puedan utilizarse para el uso doméstico

La paz B.C.S. La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Economía y también presidenta de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, para que conforme a sus facultades proponga ante el Poder Legislativo la modernización y/o modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997 o la expedición de una Norma Oficial Mexicana, a fin de que las aguas residuales tratadas puedan ser utilizadas para el uso doméstico.

Se trató de un punto de acuerdo presentado por el diputado Ismael Rodríguez Piña, mediante el cual busca ampliar las posibilidades para una mayor reutilización del vital líquido, a través de nuevas y mejores tecnologías que son utilizadas de manera recurrente en otros países como Estados Unidos, Chile, Singapur, y otros que utilizan diversos procesos tecnológicos para la potabilización de las aguas residuales, para convertirlas en aguas seguras para el uso doméstico.

Rodríguez Piña, puntualizó que a la fecha existe en México la NOM-003-ECOL-1997 la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsan en servicios al público; dicha norma no regula los procesos para la reutilización de las aguas residuales para el uso doméstico, “lo que indica que la misma no se ha modernizado a pesar de que a nivel internacional ya existen estándares y normas internacionales que permiten el reuso de esas aguas para la utilización de manera doméstica”, aseveró.

Finalmente, indicó ser indispensable la intervención de la Secretaría de Economía, ya que el agua es la fuente de vida, no obstante, es un recurso finito, “por ello nos corresponde a todos y en este caso, a nosotros como autoridades legislativas promover la realización de acciones técnicas en materia de política pública, que subsanen su demanda.