Congreso de BCS Instala Comisión Instructora para atender solicitud de procedencia de uno de sus integrantes

* La comisión quedó conformada por las diputadas María Guadalupe Moreno Higuera (Morena) presidenta, Blanca Belía Márquez Espinoza (PAN) secretaria y el diputado Luis Armando Díaz (PT) secretario

La paz B.C.S. La tarde del martes 17 de mayo en sesión privada, el Pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur instaló la Comisión Instructora que habrá de iniciar el proceso de declaratoria del ejercicio de la acción penal en el caso del diputado Juan Pérez Cayetano ante una demanda penal interpuesta en su contra.

Conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realizó la sesión en la que el Pleno aprobó mediante votación por cédula secreta, la propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) para la integración de la comisión, la cual quedó conformada por las diputadas María Guadalupe Moreno Higuera (Morena) como presidenta, Blanca Belía Márquez Espinoza (PAN) como secretaria y el diputado Luis Armando Díaz (PT) como secretario.

El presidente de la JUGOCOPO, diputado José María Avilés Castro notificó que el pasado 05 de mayo, la XVI Legislatura recibió la  solicitud de procedencia del ejercicio de la acción penal en contra del Diputado Juan Pérez Cayetano, presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, y que será esta comisión la que reciba el expediente y realice un análisis de la probable responsabilidad del diputado aludido, respecto a las conductas que se le imputan, y deberán presentar sus conclusiones ante el Pleno del Congreso, que se erigirá en Jurado de Procedencia y conocerá del dictamen de la comisión, respecto a si hay lugar a proceder penalmente contra el servidor público.

Esta acción de las diputadas y diputados de la XVI Legislatura de Baja California Sur se da en acato a las responsabilidades que se derivan de la Constitución del Estado, de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

La ley establece que hay un plazo de 46 días para presentar dicho dictamen, así como un periodo prorrogable de 15 días más.